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29/03/2014

Exenciones fiscales para las empresas extranjeras que inviertan en Cuba.

El Parlamento cubano convocó, el pasado 29 de marzo de 2014, su primera sesión extraordinaria desde hacia 4 años para aprobar una nueva ley que atraiga capitales a la isla. Los 161 diputados cubanos, encabezados por el Presidente Raúl castro, aprobaron la nueva ley de inversión extranjera por unanimidad, sustituyendo así la dictada en 1995 por Fidel Castro durante la crisis económica sufrida tras el colapso de la Unión Soviética.

La economía cubana creció solo un 2.7% en el año 2013, por debajo del objetivo fijado en 3.6%. La formación bruta de capital se ha mantenido al 13.6% en los últimos 6 años, muy por debajo de la media de Latinoamérica, que ha sido de un 20%. Cuba sufre el embargo norteamericano desde hace medio siglo y tampoco tiene acceso a las diversas fuentes de crédito del Banco Mundial, el Banco interamericano de Desarrollo o el Fondo Monetario Internacional.

Según el Vicepresidente Marino Murillo, para que la economía cubana se active es necesario que llegue a ritmos de crecimiento del orden del 7% por año y a tasas de acumulación de inversiones del 20%.

La inversión extranjera se orienta hacia sectores prioritarios como la agricultura, el forestal, el comercio mayorista, el turismo, la construcción, la energía, las minas y los transportes, con la excepción de cuatro áreas estratégicas: salud, educación, medios de comunicación y ejército. La nueva ley ofrece un régimen preferencial que exime a las compañías extranjeras mixtas y partes formadas por asociaciones de empresas cubanas, así como empresas de titularidad y capital exclusivamente extranjero del pago del impuesto sobre utilidades durante 8 años a partir de su constitución; después se beneficiarán de una tasa especial del 15%, en lugar del 30% como hasta ahora, con la posibilidad de quedar exoneradas si reinvirtieran sus ganancias en la isla. No obstante, el gobierno cubano puede aumentar el impuesto sobre utilidades hasta un 50% cuando concurra la explotación de recursos naturales y el inversor no podrá contratar libremente sus trabajadores, sino que deberá hacerlo a través de entidades cubanas. La nueva ley garantiza también la plena protección y seguridad jurídica al inversor, que no podrá ser expropiado excepto en los casos de utilidad pública o de interés social previamente declarados por el Consejo de Ministros.

Esta ley llega dos meses después de la inauguración del Puerto de Mariel, una terminal para grandes buques portacontenedores constituido en sociedad con Brasil, preparado para atender a todo el Caribe y que tendrá su primera zona franca industrial para empresas extranjeras.

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